Síntesis socioambiental de la lucha comunitaria

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Nuestra riqueza ecológica e hídrica es una de las más cotizada por el mercado de la energía, la cual por las características física del país acondicionan las formas de explotar los ríos y fuentes naturales.

En Panamá se ha determinado que existen 24 hidroeléctricas ya adjudicadas o en trámite de subasta. Por ende, en nombre de los Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL aun continúan con las iniciativas obsoletas, de alto costo e impacto ambiental y social con hacer hidroeléctricas.

En materia minera los últimos datos sobre la economía panameña la explotación de minas y canteras a sido de 19.4% del Producto Interno Bruto en 4.515 millones de dólares de enero a abril del presente.

Sin embargo, aun se desconoce el desarrollo o la producción para Panamá, en donde el código minero aun apunta a las exportaciones con gran marginalidad hacia las iniciativas sociales. Sobre sus consecuencias ya se manifestó que las concesiones solicitadas y adjudicadas para la explotación minera representan 2. 333. 829 hectáreas del territorio panameño. Es decir, tres veces Panamá, cuya extensión es de 750. 000 hectáreas. Sin embargo, la violaciones a los derechos de las comunidades son latentes sin ser divulgados por los medios de comunicación.

Por otro lado existen proyectos turísticos en desarrollo a través de la ejecución del Plan Maestro de Turismo 2020, la cual contempla alrededor de 96 proyectos turísticos, por un valor de 3 millones 534 mil 985 dólares aprobados por la Autoridad de Turismo de Panamá y al menos el 80 por ciento está en construcción. Sin embargo no contemplan las cualidades y riquezas de las comunidades y ecosistema.

Entre las afectaciones comunitarias de estos proyectos están:

* Incertidumbre de las comunidades a ser desplazados.
* Hostigamiento y persecución a las comunidades y dirigentes.
* La ausencia de mecanismos de resolución de conflictos por parte del estado.
* La carencia de servicios públicos por el Estado, la cual pasa a ser ejecutado por la empresa de forma condicional y engañosa.
* La degradante falta de salud ambiental a la población.
* División de la comunidad generando un clima de zozobra y pleitos por los intereses ofrecido por la empresa.
* La falta de vías de acceso a las comunidades, y que por lo general sus pavimentos y carreteras son destruidos por la movilización de equipo pesado.
* Proliferación de vicios sociales debido a las ofrendas y regalías de la empresa a trabajadores y comunidad.
* Los Estudios de Impactos Ambientales que no cumplen con la consulta a las comunidades.
* Las medidas cautelares emitidas por la CIDH que el ex presidente Martín Torrijos, y actual presidente de Panamá Ricardo Martinelli no hay querido reconocer a favor de las comunidades indígenas Ngöbé afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y el pueblo indígena Naso afectados por la Empresa Ganadera Bocas.

 

Ante este escenario, Comités y organizaciones solidarias a través de distintas redes, y temáticas apuntan a reafirmar sus estrategias de lucha ante la carencia de políticas de conservación y de manejo ambiental del actual gobierno y sus empresarios. Desde manifestaciones hasta bloqueo de calles son algunas de las opciones a tomar debido a que los canales de diálogo no se cumplen de parte de las autoridades nacionales. Y de cumplir solo lo hacen para manifestar su disposición de escuchar, pero de fondo continúan con sus iniciativas depredadoras y hostigadoras a las comunidades.

Grito Panamá